
¿Qué observamos?
El sector extractivo colombiano desarrolla parte de sus operaciones en territorios afectados por conflictividades sociales, presencia de actores armados, riesgos ambientales y brechas históricas en derechos humanos.
Estas dinámicas exigen mecanismos de monitoreo permanente que permitan identificar riesgos, fortalecer la debida diligencia y promover relaciones de confianza entre empresas, comunidades e instituciones.






